Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentaron una iniciativa de reforma constitucional que busca cerrar las puertas al abuso y a la discrecionalidad de autoridades estatales y municipales para la contratación de deuda pública; se trata de una propuesta que busca el equilibrio de poderes y decisiones en cuanto al endeudamiento.En la iniciativa de reforma constitucional, los senadores de Acción Nacional proponen establecer un techo de endeudamiento atendiendo a la capacidad de pago de cada ente público, que en ningún caso podrá ser generalizado, sino que éste deberá atender a la necesidad y proporcionalidad de cada entidad federativa.

Plantearon que las legislaturas locales puedan aprobar deuda, incluyendo la emisión de bonos, sólo mediante mayoría calificada, aplicando esta regla a los proyectos de reestructuración o refinanciamiento de la misma. Así, los estados conservarán la facultad para aprobar su deuda pública, pero siempre ajustándose a nuevas reglas constitucionales y según lo establecido por el Congreso de la Unión, “por lo cual consideramos necesario facultar a la Cámara de Senadores a que, como órgano de representación de las entidades supervise y, en su caso, objete, el proceso de contratación y recontratación de la deuda por su monto, destino o condiciones de contratación”, expusieron en su iniciativa.

“Consideramos necesario que el Senado pueda emitir observaciones a las entidades federativas, y sólo dándose cumplimiento a estas, la deuda pueda ser contratada. Es importante que el Senado conozca también los recursos que la Federación otorga como apoyo extraordinario a los estados y municipios, a fin de poder emitir, previo a la liberación de esos recursos, una recomendación a la autoridad hacendaria buscando certificar que esos apoyos no serán utilizados para cubrir obligaciones económicas, sobre todo aquellas derivadas de la deuda pública”.

La facultad de supervisión que realizará el Senado tiene como objeto ser contrapeso para procurar el buen ejercicio de las finanzas públicas por parte de las entidades federativas y los municipios; para ello, el Senado contará con el apoyo técnico necesario de las instituciones competentes, como son la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y el Banco Central.

En el tema de la transparencia y rendición de cuentas, se propone que en los informes de la cuenta pública de los tres órdenes de gobierno, se incluyan los datos relacionados con la deuda pública, otorgando la facultad a la Cámara de Diputados para que, a través de la Auditoría Superior de la Federación, tenga facultades concurrentes con los órganos fiscalizadores locales y efectúe la revisión de la misma y, en su caso, finque las responsabilidades a que haya lugar. “Así, proponemos que el Congreso de la Unión sea el que establezca las reglas de prudencia y responsabilidad fiscal que regulen todo lo relacionado con la deuda pública, atendiendo al principio de representación que ostenta el Congreso General, de manera que los otros órdenes de gobierno se sujeten a dichas disposiciones”.

Esta reforma tiene como propósito establecer las bases sobre las cuales los tres órdenes de gobierno deberán contratar su deuda pública, toda vez que la multiplicidad de legislaciones y la opacidad que ha generado la ausencia de criterios homogéneos, ha puesto en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas, respetando el marco de corresponsabilidad entre la federación, los estados y los municipios, que deben coadyuvar en la estabilidad de las finanzas públicas y el sistema financiero del Estado.

“Con esta iniciativa de reforma constitucional, los senadores de Acción Nacional pugnamos por más controles independientes, por más escrutinio público y por mejores prácticas de política pública. Vamos a prohibir la discrecionalidad y a castigar la irresponsabilidad”. Consideraron en su análisis que México y sus habitantes se encuentran amenazados por el imprudente e irresponsable manejo de las finanzas públicas a nivel local; por el crecimiento acelerado de la deuda subnacional en las entidades y municipios, lo que representa un grave riesgo para la estabilidad económica del país, por lo que resulta necesario establecer reglas claras para el manejo de ese pasivo.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República consideraron que el actual diseño jurídico permite el endeudamiento descontrolado de estados y municipios, por lo que es deficiente y está supeditado a los abusos del poder. Los años de mayor endeudamiento se han presentado cuando los gobiernos locales en turno tienen mayoría en sus congresos y justo en los años previos a la celebración de procesos electorales, lo cual ha propiciado que el crecimiento de los pasivos sea legal pero no legítimo.

La información estadística y los datos duros no mienten. De acuerdo al análisis de la deuda pública de las Entidades Federativas y Municipios publicado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2008 y 2011 el déficit público de las entidades pasó de 203,070.2 millones de pesos a 390,777.5 millones, lo que representó una tasa de crecimiento nominal de 92.4% y real de 67.9%; mientras que entre el cierre de 2011 y el primer semestre de 2012, la deuda pasó de 390,777.5 millones de pesos a 404,409.5 millones, con un aumento absoluto de 13,632.0 millones.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que entre 2006 y 2012 fueron nueve los estados que registraron un crecimiento exponencial de su deuda; en primer lugar Coahuila, con un incremento de 8 mil 579%; Zacatecas, con un aumento de 2 mil 193%; Campeche, con mil 788%; Chiapas, con mil 562%; Tamaulipas, con mil 266%; Nayarit, que reportó un alza de mil 11%; Quintana Roo, 664%; Veracruz, 518%, y Michoacán, 473%. Pero este inusitado incremento no sólo se vio reflejado en las haciendas estatales, pues la ASF reportó que entre el cierre de 2011 y junio de 2012, las deudas en municipios se incrementaron de 44,124.7 millones de pesos a 44,859.1 millones.

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